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miércoles, 16 de agosto de 2017

La nación secuestrada y humillada

La libertad es el eje transversal de una sociedad democrática, es la base de la paz y la convivencia civilizada. Cuando una persona y una sociedad son privadas del derecho de ser libres se abre un camino hacia la violación del conjunto de los derechos humanos que todo Estado debe garantizar a sus ciudadanos.

La situación que vivimos en Venezuela es en extremo grave, no solo por la profundidad de la crisis económica y social que ha producido una hambruna y una estampida humana hacia diversos países, sin precedentes en el continente americano por sus dimensiones y alcances; sino por el disparo de la violencia del Estado hacia la población civil en su afán por perpetuarse en el poder.
En efecto, basados en el uso de la fuerza, la camarilla gobernante ha cerrado el pleno ejercicio de los derechos políticos del pueblo venezolano, con el único objetivo de impedirle a través de elecciones limpias un relevo de la dirigencia que ostenta la conducción del gobierno. El abierto y burdo desconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida por más de catorce millones de ciudadanos en diciembre de 2015, ha constituido un testimonio inocultable de la decisión de la cúpula roja de no someterse a la firme voluntad de nuestros ciudadanos, decididos a promover un cambio pacífico y democrático en la conducción del Estado venezolano.
En esa dirección hemos podido apreciar un vertiginoso impulso a la violencia institucional y física de los órganos del Estado controlados por la camarilla roja, impidiendo el normal funcionamiento del sistema democrático, tal como lo establece la vigente Constitución de la República.
El total desconocimiento del Parlamento, el ejercicio arbitrario del gobierno, la violación sistemática y masiva de los derechos humanos, el cierre del proceso al referéndum revocatorio; la violación al período del mandato de los poderes públicos nacionales, regionales y locales, manipulando el calendario electoral a su estrategia y táctica política; la imposición de una fraudulenta asamblea constituyente con la cual desconocer derechos fundamentales de la población, constituye un cuadro solo posible de sostener por el uso y abuso de la fuerza que detenta el Ejecutivo nacional.
Tal circunstancia nos lleva a una clara conclusión: Venezuela es una nación secuestrada por una camarilla que busca perpetuarse en el poder.
El gobierno de Maduro ha perdido toda la legitimidad que se deriva de una elección y de un ejercicio encuadrado en el texto constitucional. Su desempeño solo se basa en el uso de las armas de los grupos paramilitares organizados para atacar a la ciudadanía disidente, y por las que están bajo custodia del aparato militar y policial del país.
Somos una nación secuestrada y humillada por una camarilla empeñada en apoderarse del destino de todo un pueblo. Un pueblo que no puede votar para tomar las decisiones trascendentales en la orientación de la vida nacional, un pueblo que no puede ejercer el derecho a la protesta porque es reprimido, asesinado o encarcelado. Un pueblo que no puede acceder a los bienes fundamentales para vivir. Un pueblo que no puede expresarse con toda libertad porque tiene bloqueado el acceso a los medios de comunicación y porque su opinión disidente es criminalizada.
En medio de esa lucha, nuestro pueblo con sus organizaciones democráticas trabajan buscando abrir el camino que le permita expresar de manera pacífica su determinación de producir un cambio en la conducción del Estado.
Entretanto, la comunidad internacional busca apoyar nuestra lucha ciudadana por liberarnos del yugo, que la dictadura nos ha impuesto con el abierto y descarado respaldo e intervención de la dictadura cubana.
La determinante mayoría de las naciones del continente y de Europa vienen exigiendo a las cabezas de la “revolución bolivariana” la liberación de la nación venezolana, y su regreso a los cauces constitucionales.
La soberbia y arrogancia de toda la camarilla gobernante está colocando en grave riesgo tanto la paz como la integridad de nuestro territorio. La advertencia lanzada la semana anterior por el presidente de Estados Unidos, al no descartar una operación militar sobre nuestro país, nos llena de angustia.
Toda acción militar genera una secuela de muerte y violencia. Quienes detentan las armas de la República se empeñan en sostener el secuestro y la humillación a nuestro pueblo, antes que exigir a la cúpula roja su apego irrestricto a la Constitución, garantizando el pleno ejercicio de los derechos establecidos en el texto constitucional, colocando de esa manera en peligro la paz.
Una solución bélica, y más propiciada por otros países, representa una afrenta a nuestra esencia de pueblo que nos afecta en nuestro honor y en nuestra dignidad de nación libre.
A esta situación nos ha traído una camarilla irresponsable y corrompida que, empeñados en su soberbia detentación del poder, prefieren salir empujados por la vía de una acción internacional, antes que por el voto de un pueblo que tiene derecho de elegir su destino.
Es tan grave el nivel de humillación y de sometimiento que le han infringido a nuestro pueblo, que hay millones de venezolanos, que con tal de liberarse del yugo comunista, tolerarían una intervención militar extranjera.
Desde diversos sectores de la sociedad democrática hemos expresado nuestro desacuerdo, y así lo ratifico, con la intervención extranjera. Pero expresamos nuestra angustia porque la cúpula roja se ha dedicado a provocar dicha intervención no solo con el establecimiento de la dictadura, sino también con su conducta pendenciera, agresiva e insolente con todos los países que le exigen respetar los derechos del pueblo venezolano.

Insistiremos en la solución política de la crisis. Lucharemos con las herramientas de la civilidad para evitar una solución bélica. Estamos a tiempo de evitar que nuestra historia sea marcada por una intervención militar extranjera. Las mentes y espíritus sensatos que aún puedan quedar en el estamento político y militar de la revolución están a tiempo de evitarle a Venezuela una tragedia mayor.

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